El 21 de octubre de 2025, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma fue aprobada con el respaldo de dos tercios de ambas cámaras, superando el veto presidencial con una mayoría histórica.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional se niega sistemáticamente a aplicarla. El gobierno promulgó la ley mediante decreto pero suspendió su implementación, dejando a las universidades públicas, sus docentes, no docentes y estudiantes en una situación de emergencia presupuestaria sostenida.
La ley establece la obligación del Estado de garantizar los salarios del personal docente y no docente conforme a la inflación, asegurar los gastos de funcionamiento de las universidades y convocar a paritarias. Ninguna de estas obligaciones fue cumplida.
En diciembre de 2025, la Justicia Federal dictó una medida cautelar ordenando al Ejecutivo aplicar la norma. En febrero de 2026, el gobierno apeló esa resolución y envió al Congreso un nuevo proyecto que pretende reemplazar la ley vigente con condiciones mucho más desfavorables. La comunidad universitaria rechaza este intento y exige el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.
"Se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/25 y se ordene al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley 27.795.<...> Se requirió que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento inmediato de dos de las normas de la ley 27.795, en particular, los arts. 5 y 6, primer párrafo, los cuales se refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley y la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado, lo que lleva a desestimar los agravios vertidos sobre el punto."
Desde la Facultad de Derecho resistimos este ataque al sistema universitario público, gratuito y de calidad. La educación no es un gasto: es un derecho.